Page 36 - Iniciativa Ley Egresos 2026
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Educación

                  El gasto educativo se dirigirá a consolidar un sistema integral, inclusivo y de calidad, que reduzca
                  las desigualdades regionales y promueva la innovación científica y tecnológica como motor de
                  bienestar  social.  Se  prevé  aumentar  el  grado  promedio  de  escolaridad  a  9.43  años  y  la
                  permanencia educativa a 85.4%, fortaleciendo los niveles básicos, medio y superior.

                  Los  programas  prioritarios  incluirán  infraestructura  educativa,  profesionalización  docente  y
                  formación  intercultural.  Se  impulsará  la  ampliación  de  la  cobertura  mediante  estrategias  de
                  educación digital, telebachillerato y modalidades mixtas, acercando los servicios educativos a
                  las regiones con baja oferta escolar. Asimismo, priorizará el gasto en infraestructura universitaria
                  y la consolidación de la Universidad de la Salud y sus sedes regionales como referente nacional
                  en la formación de profesionales de este sector.

                  A  su  vez,  se  fomentará  la  vinculación  entre  instituciones  educativas,  sector  productivo  y  las
                  comunidades,  promoviendo  el  emprendimiento,  la  investigación  aplicada  y  la  formación  de
                  capital humano especializado, con el fin de fortalecer la competitividad regional y la innovación
                  social.

                   Salud

                  La política de gasto en salud busca fortalecer la infraestructura y los servicios médicos públicos,
                  garantizando el acceso universal, equitativo y oportuno a la atención sanitaria. Durante 2026, se
                  destinarán recursos a la modernización del sistema estatal de salud, la rehabilitación de casas
                  de  salud  en  comunidades  rurales  y  de  difícil  acceso,  así  como  la  consolidación  de  unidades
                  médicas  especializadas  que  mejoren  la  capacidad  de  respuesta  ante  emergencias  y
                  enfermedades crónicas.

                  Entre  los  programas  estratégicos  destacan  Protección  en  Salud  y  Servicios  de  Salud  a  la
                  Comunidad, enfocados a  reforzar la atención materno-infantil, la prevención del cáncer  y la
                  atención primaria. Asimismo, el ISSSTEP continuará brindando servicios médicos, hospitalarios y
                  de seguridad social a sus derechohabientes, fortaleciendo su infraestructura y garantizando la
                  entrega  oportuna  de  medicamentos  y  prestaciones.  En  el  ámbito  de  la  asistencia  social,  los
                  programas  alimentarios  y  de  bienestar  familiar  seguirán  orientados  a  reducir  las  brechas  de
                  desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables.

                  Complementariamente, se impulsarán proyectos con enfoque integral, como el Centro Poblano
                  de  Salud  Mental  Integral  para  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  (CEPOSAMI)  y  las  Casas  Carmen
                  Serdán, espacios destinados a atender la salud mental y brindar protección a mujeres víctimas
                  de  violencia.  Estas  acciones  contribuyen  a  consolidar  un  modelo  de  atención  más  humano,
                  incluyente  y  preventivo,  que  articula  esfuerzos  entre  instituciones  públicas,  comunitarias  y
                  sociales para fortalecer el bienestar integral de la población.

                  Seguridad Pública

                  El  gasto  en  seguridad  pública  estará  dirigido  a  fortalecer  las  capacidades  institucionales  y
                  operativas del Estado, garantizando un entorno de paz, orden y respeto a los derechos humanos.
                  Se  asignarán  recursos  por  4  mil  349  millones  de  pesos  a  la  profesionalización  policial,  el
                  fortalecimiento del sistema penitenciario y la consolidación de estrategias de prevención social
                  del delito, privilegiando la proximidad ciudadana y la perspectiva de género en la atención a
                  víctimas de violencia.




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